Por: Carlos Urbina

El TAT, mediante resolución de 15 de noviembre de 2011, concede la solicitud de no aplicación de CAIR de un contribuyente luego de practicar pruebas de oficio que aclararon la verdad material de este caso.

La negación de la DGI se basó en:

1. Supuestas diferencias entre el informe de compras y la declaración de rentas del contribuyente.

2. Supuesta imposibilidad de confirmar si los otros costos y otros gastos correspondían a deducciones necesarias para la producción de la renta del contribuyente.

Como es costumbre la DGI tomó estos dos puntos y, en lugar de buscar la verdad material, rechazó la solicitud del contribuyente.

En reconsideración, la DGI se percata que el contribuyente realiza ventas de apartamentos y dice que negar la reconsideración ya que el contribuyente debió (según la DGI) aportar una relación exacta y detallada de los apartamentos vendidos por fecha, el porcentaje de costos que ha quedado en inventario y el porcentaje que ha sido atribuído a cada apartamento vendido.

Argumentos de la apelación:

Como es natural, el contribuyente apela indicando que al resolución originaria sólo indicó al contribuyente que debió aportar información detallada de los costos y gastos deducibles ocasionados en la producción de la renta y la conservación de su fuente. Nunca se solicitó el porcentaje que queda en activo y el porcentaje atribuido a cada apartamento y demás información en la que basa la negación de la reconsideración la DGI.

El apelante llama a esta situación una violacióna al principio de congruencia que prohíbe a la institución negar el CAIR en base a conceptos distintos a los que usó en la resolución original.

Consideraciones del TAT:

El TAT, a nuestro juicio, hizo buen uso de la tinta pagada con fondos públicos y no se desgastó en los argumentos bizantinos que siguieron en fallos posteriores. En forma sucinta ordenó una prueba de oficio consistente en tomar a dos auditoras que ahí laboran y ordeno que revisaran la veracidad de los costos del contribuyente así como su veracidad.

Que sepamos, el contribuyente no pidió el peritaje, he ahí la necesidad de la práctica de esta prueba vía oficiosa.

Rescatando, a nuestro juiciio en forma correcta, el principio de congruencia, se abstuvo de revisar los costos del contribuyente ya que la DGI sólo objetó los costos. Luego del informe de las funcionarias, el TAT aprovó el CAIR del contribuyente al determinar que la tasa efectiva del año en exámen excedió 30%. Este fallo marcó un hito imoporatntante en cuanto busca la verdad material por encima de meras formalidades y/o de la utilización de meros indicios para negar la solicitud del contribuyetne.

Lamentablemente, este fallo no fue seguido por las resoluciones posteriores en donde el TAT varía esta posición y se apega a formalismos y se niega a realizar pruebas.

El fallo tenía como número de expediente TAT-

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